De una carta a los padres del IES Jimena Menéndez Pidal de Fuenlabrada

Después de intensos días de movilización: las asambleas, las manifestaciones, las concentraciones, las tres jornadas de huelga; después de quedar sin resuello pitando a la puerta del Jimena acompañados de un puñado valiosísimo de alumnos, hay que decir que podemos sentirnos satisfechos, porque más de la mitad del claustro ha secundado la huelga, porque no nos hemos quedado todos en casa rumiando la indignación, la rabia o el miedo, porque, y esto es tanto o más importante, hemos hablado y hablado. Nos hemos dado cuenta de que compartimos algo más profundo que un achaque, un cumpleaños o las fotos de las vacaciones: defendemos la educación pública y nos alarma lo que se pretende hacer con ella.

Quisimos compartir nuestra alarma con los padres de nuestros alumnos. Redactamos, por esta causa, una carta que, a duras penas, llegó quizá a la mitad de ellos. Y asistimos con esperanza a la reunión a que les convocó el AMPA. Entramos con ellos por las puertas de emergencia del salón de actos. Algunos padres hablaron. Intentamos, con nuestras palabras, hacerles llegar nuestro mensaje. Debemos seguir haciéndolo porque los necesitamos tanto como creemos que nos necesitan, tanto como creemos necesitan saber y comprender. Es por esto que publicamos aquí la carta:

Estimadas/os Señoras/es:

    Como profesoras y profesores del IES Jimena Menéndez Pidal, y en sintonía con otros profesionales de la Educación Pública, queremos transmitir nuestro malestar por las informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de nuestras movilizaciones contra los recortes educativos.  Nos parece que no se ajusta a la realidad que se difunda la idea de que nos estamos quejando únicamente por un aumento de horas lectivas. Creemos, por el contrario, que las  instrucciones de la Consejería de Educación y Empleo para este curso escolar suponen no sólo un deterioro de nuestras condiciones laborales, sino también un claro perjuicio para el alumnado, que verá afectada gravemente la calidad de la enseñanza que recibe. Estas medidas se enmarcan en la política de abandono y desmantelamiento de la escuela pública que se viene aplicando en los últimos años y tendrán consecuencias inmediatas para este curso:

• La disminución drástica del número de profesoras/es en los centros públicos (un 15%): 3.000 profesores interinos se quedarán en paro. Por otra parte, el día 8 de septiembre, cerca de 800 profesores funcionarios no sabían en qué centro iban a trabajar. La sustituciones se están haciendo con personal funcionario. Esto no sólo está generando un caos en los centros a principio de curso, sino que, además, muchos de estos funcionarios están aún sin destino y puede que no trabajen durante un tiempo o, simplemente, no trabajen, mientras cobran su sueldo. ¿Son estas medidas anticrisis?
• La reducción del número de docentes en los centros implicará que cada profesor/a tendrá que atender a más alumnas/os, porque el número de alumnado se mantiene, y eso se hará en detrimento de la calidad de la atención.
• El trabajo del profesorado no se reduce a las horas presenciales con el alumnado. El aumento de horas lectivas al profesorado va acompañado de una disminución del tiempo que dedicamos a otras tareas organizativas: preparación de tutorías, seguimiento del alumnado, comunicación con las familias, coordinación interna, guardias, proyectos de innovación, salidas extraescolares...
• Que cada docente dé clase a más grupos supondrá un aumento del tiempo de trabajo (clases, preparación de las sesiones, correcciones...) y, por lo tanto, una sobrecarga que va a repercutir en nuestra capacidad de trabajo y, en consecuencia, en la calidad del servicio que prestamos.
• Algunas/os profesores tendrán que impartir asignaturas que no son las suyas, incluidas los especialistas del Departamento de Orientación. Otra agresión a la calidad de la enseñanza.
• No se garantiza la tutoría de grupo, necesaria, entre otras cosas, para la orientación académica y profesional y la educación en valores del alumnado. Después de una torpe y confusa serie de medidas, que nos hacen pensar en un deplorable desprecio o en un grave desconocimiento de la labor de los tutores, la Administración ha decidido que cada centro resuelva mantener o no la tutoría.

    Ante esta situación, nos sorprende e indigna la batería de insultos de nuestros jefes: la Consejera de Educación y Empleo y la Presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo va a respetarnos el alumnado si los representantes políticos no lo hacen? ¿Para qué se han gastado el dinero público en la campaña del curso pasado con el lema: “Apoyemos y respetemos a nuestros profesores”, que se lanzó a bombo y platillo con la Ley de Autoridad del Profesor?

    Nos parece que la denigración pública del profesorado por parte del poder político produce un daño social difícil de reparar y que va en perjuicio de sus hijas e hijos. Además, resulta  irresponsable y fuera de tono que un asunto tan importante como la Enseñanza aparezca como una simple cuestión de horas que se imparten. No es este el debate que queremos leer ni escuchar. Necesitamos una información veraz, seria y rigurosa que no se limite a reproducir únicamente lo que facilitan los organismos oficiales, sin contrastar otras fuentes para comprobar lo que sucede en realidad, porque esta, la realidad, no puede meterse en un puñado de frases, titulares o consignas sin trasformar la información en propaganda.  

    Nos planteamos si son necesarios los recortes y por qué se hacen en la Educación Pública. El dinero no invertido en educación, ¿facilitará la salida de la crisis? La Educación Pública garantiza la igualdad de oportunidades a todas las personas independientemente del nivel de renta de sus familias. No se puede recortar de este servicio público y menos de la partida de recursos humanos, que es el pilar básico del mismo. En realidad, estos recortes representan una migaja del total del presupuesto (80 millones de un presupuesto total de 4.500 millones), pero el daño que ocasionarán a las/os 100.000 alumnas/os a los que afectarán será demoledor. Lo injustificable de la medida se pone especialmente de manifiesto si nos fijamos, por ejemplo, en la desgravación en el IRPF que tendrán las familias que llevan a sus hijos a colegios de pago (hasta 900 euros por familia). Con esto la Comunidad Autónoma dejará de ingresar 90 millones de euros, mientras que el despido de 3.000 profesores le supondrá un ahorro de 80 millones.

    Los recortes tendrán unas consecuencias muy graves y difíciles de corregir. Mermar la educación pública es mermar el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a una educación de calidad. La Educación Pública es un patrimonio colectivo que ha costado generaciones conseguir y que se está dilapidando en favor de la educación privada: es un hecho ya, lamentablemente, que en Madrid la privada y la concertada superan el 50% de la enseñanza, mientras en otras comunidades la educación pública sigue siendo la mayoritaria, representando aún 2/3 del total de la enseñanza impartida. La Sra. Aguirre debería poner sus ojos en Finlandia, donde la enseñanza es enteramente pública y saca mejores notas en el PISA.

            Mucho nos gustaría que compartiesen, por lo menos, nuestra preocupación. Deseamos, también, que nos hagan saber de sus inquietudes y sus dudas, si las tuviesen. Pero, sobre todo, esperamos sinceramente que comprendan lo siguiente: es la defensa de una educación pública de calidad la que nos lleva a rechazar las instrucciones de inicio de curso y a apoyar las movilizaciones anunciadas para estos días.



    
    Fuenlabrada, 15 de septiembre de 2011



ASAMBLEA DE PROFESORAS Y PROFESORES DEL I.E.S. JIMENA MENÉNDEZ PIDAL