Quizá los padres y los alumnos del Jimena no acaben de entender qué estamos haciendo bastantes profesores del instituto. Quizá la situación del Jimena les pueda parecer llevadera, pero no se puede calificar, ni mucho menos, de normal. Ni se puede reducir simplemente a que los profesores queramos o no dar dos horas más de clase. Quien no comprenda que el Jimena es una rueda más en el engranaje y que la situación general de la enseñanza en la Comunidad de Madrid, como diría Emilia Pardo Bazán, es la cuestión palpitante, el problema de fondo, no entenderá nada y pensará sólo en las horas de clase que están perdiendo los alumnos, por mucho que le digamos que a nosotros nos preocupa también esa pérdida y que estamos haciendo y haremos todo lo posible para que no sea fatal.
Pero hay que mirar más allá del ombligo, pues ese problema de fondo, esa cuestión palpitante sobrepasa con creces por su gravedad cualquier situación personal y, también, cualquier situación que afecte a un centro de estudios concreto. Esto, que puede ser ignorado por el ciudadano común, pues hay quien se cuida de que sea así, no puede pasar desapercibido a los docentes, salvo que se encasqueten voluntariamente unas preciosas anteojeras. Nos gustaría, además, que la cuestión, el problema de fondo, llegase a los oídos y a los ojos de nuestros alumnos y de los padres de nuestros alumnos.
A la Comunidad de Madrid se le van acabando los argumentos. Dejando a un lado los repetidos intentos de socavar la imagen pública del profesorado que participa en las movilizaciones, que han llegado, hay que decirlo, a la extorsión y a la persecución, poco le queda ya a la Comunidad de Madrid para intentar ocultar a los ciudadanos desinformados que apuesta especialmente por un tipo de educación: el que ofrecen los centros privados, sean estos concertados o no.
Hemos escrito extorsión, pues no de otra manera puede entenderse la prisa que se ha dado la Comunidad de Madrid en descontar de nuestro sueldo no sólo los días de huelga de septiembre, sino también, contra costumbre, y seguramente contra lo estipulado legalmente, los de la primera quincena de octubre. No han tenido la misma prisa por abonar los nuevos complementos por tutoría, coordinación TIC y jefatura de departamento, de los que tanto alardearon ante la opinión pública. No sabemos si ha pasado lo mismo con las nuevas retribuciones de los equipos directivos, aunque suponemos que no ha sido así, habida cuenta de que las famosas Instrucciones no consideraron pertinente o necesario aumentar también la carga lectiva de estos. Por el contrario, que hayan sido aumentadas las horas de compensación de los equipos directivos quizá se justifique, si no en la equidad, sí al menos en la necesidad de dorar la píldora que supone comulgar con ruedas de molino, administrar la miseria y tratar de poner un poco de orden en el caos con más o menos complacencia.
Hemos escrito persecución. La Comunidad de Madrid sabe, por ejemplo, que se han multiplicado los casos de profesores que se han visto obligados a impartir materias que no dominan porque no son de su especialidad. La Comunidad de Madrid sabe que, en la mayor parte de los casos, no es legal y sabe, además, que los servicios o despachos de Recursos Humanos han estado adjudicando vacantes en estas y peores condiciones. Algunos profesores que se han atrevido a hablar del asunto han sido trasladados de centro.
Volvamos a los argumentos. Ya no se oye hablar a la consejera Figar de las pizarras digitales, quizá porque la partida que pensaba repartir forma parte de los presupuestos de 2010. A la Consejera se le llenaba la boca de cuando aseguraba que los 80 millones de euros que la Comunidad va a ahorrar por contratar menos interinos servirían para mantener las ayudas de transporte escolar y las de becas de comedor y libros. Que Lucía Figar empleó el verbo mantener de forma sesgadísima y manipuladora lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que las ayudas al transporte escolar hayan sido reducidas un 28,6 %.
A la Comunidad de Madrid se le da muy bien utilizar grandes cifras para justificar su gestión. De lo poco que ha salido a la luz sobre los presupuestos para 2012, no sorprende tanto que las cifras destinadas a Educación difieran según el medio en que aparezcan (5.081 millones en la página del PP de Madrid, 4.733 en Madridiario), sino el hincapié que se hace en la extensión de la enseñanza bilingüe a más centros, por no hablar de la descarada declaración de intenciones que trasluce el titular de la página del PP que enlazamos: “Esperanza Aguirre reduce un 13% el gasto en el sector público”. Pero si de cifras se trata, nos preguntamos por qué no se dice más claro y más alto que se invertirán sólo 156 millones en la enseñanza pública, mientras que en la enseñanza privada concertada la cantidad será mucho mayor: 885 millones de euros.
Lo que se lee en el párrafo anterior explica, aunque más podría contarse o decirse, nos parece, que la Confederación Española de Centros de Enseñanza, una importante asociación patronal de centros privados, haya entregado el pasado jueves 27 el galardón “Educación en Libertad” a Esperanza Aguirre.
Pero hay que mirar más allá del ombligo, pues ese problema de fondo, esa cuestión palpitante sobrepasa con creces por su gravedad cualquier situación personal y, también, cualquier situación que afecte a un centro de estudios concreto. Esto, que puede ser ignorado por el ciudadano común, pues hay quien se cuida de que sea así, no puede pasar desapercibido a los docentes, salvo que se encasqueten voluntariamente unas preciosas anteojeras. Nos gustaría, además, que la cuestión, el problema de fondo, llegase a los oídos y a los ojos de nuestros alumnos y de los padres de nuestros alumnos.
A la Comunidad de Madrid se le van acabando los argumentos. Dejando a un lado los repetidos intentos de socavar la imagen pública del profesorado que participa en las movilizaciones, que han llegado, hay que decirlo, a la extorsión y a la persecución, poco le queda ya a la Comunidad de Madrid para intentar ocultar a los ciudadanos desinformados que apuesta especialmente por un tipo de educación: el que ofrecen los centros privados, sean estos concertados o no.
Hemos escrito extorsión, pues no de otra manera puede entenderse la prisa que se ha dado la Comunidad de Madrid en descontar de nuestro sueldo no sólo los días de huelga de septiembre, sino también, contra costumbre, y seguramente contra lo estipulado legalmente, los de la primera quincena de octubre. No han tenido la misma prisa por abonar los nuevos complementos por tutoría, coordinación TIC y jefatura de departamento, de los que tanto alardearon ante la opinión pública. No sabemos si ha pasado lo mismo con las nuevas retribuciones de los equipos directivos, aunque suponemos que no ha sido así, habida cuenta de que las famosas Instrucciones no consideraron pertinente o necesario aumentar también la carga lectiva de estos. Por el contrario, que hayan sido aumentadas las horas de compensación de los equipos directivos quizá se justifique, si no en la equidad, sí al menos en la necesidad de dorar la píldora que supone comulgar con ruedas de molino, administrar la miseria y tratar de poner un poco de orden en el caos con más o menos complacencia.
Hemos escrito persecución. La Comunidad de Madrid sabe, por ejemplo, que se han multiplicado los casos de profesores que se han visto obligados a impartir materias que no dominan porque no son de su especialidad. La Comunidad de Madrid sabe que, en la mayor parte de los casos, no es legal y sabe, además, que los servicios o despachos de Recursos Humanos han estado adjudicando vacantes en estas y peores condiciones. Algunos profesores que se han atrevido a hablar del asunto han sido trasladados de centro.
Volvamos a los argumentos. Ya no se oye hablar a la consejera Figar de las pizarras digitales, quizá porque la partida que pensaba repartir forma parte de los presupuestos de 2010. A la Consejera se le llenaba la boca de cuando aseguraba que los 80 millones de euros que la Comunidad va a ahorrar por contratar menos interinos servirían para mantener las ayudas de transporte escolar y las de becas de comedor y libros. Que Lucía Figar empleó el verbo mantener de forma sesgadísima y manipuladora lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que las ayudas al transporte escolar hayan sido reducidas un 28,6 %.
A la Comunidad de Madrid se le da muy bien utilizar grandes cifras para justificar su gestión. De lo poco que ha salido a la luz sobre los presupuestos para 2012, no sorprende tanto que las cifras destinadas a Educación difieran según el medio en que aparezcan (5.081 millones en la página del PP de Madrid, 4.733 en Madridiario), sino el hincapié que se hace en la extensión de la enseñanza bilingüe a más centros, por no hablar de la descarada declaración de intenciones que trasluce el titular de la página del PP que enlazamos: “Esperanza Aguirre reduce un 13% el gasto en el sector público”. Pero si de cifras se trata, nos preguntamos por qué no se dice más claro y más alto que se invertirán sólo 156 millones en la enseñanza pública, mientras que en la enseñanza privada concertada la cantidad será mucho mayor: 885 millones de euros.
Lo que se lee en el párrafo anterior explica, aunque más podría contarse o decirse, nos parece, que la Confederación Española de Centros de Enseñanza, una importante asociación patronal de centros privados, haya entregado el pasado jueves 27 el galardón “Educación en Libertad” a Esperanza Aguirre.
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